El estudio observa que “usualmente, se tiende a asociar los movimientos en el mercado de trabajo con la situación macroeconómica, pero la lectura detenida de la serie de tiempo de altas y bajas en la dotación de personal de las empresas permite concluir que también inciden factores propios inherentes al desempeño de un sector, o compañía en particular, como también a múltiples decisiones particulares de las personas. De ahí que prácticamente casi dos tercios de las empresas no registran movilidad en sus dotaciones, y a veces aún más en episodios de crisis extremas, como fue el caso del primer semestre de 2002 donde la proporción se elevó a casi 3 de cada 4, porque se asumía que se trataba de una situación muy atípica y de carácter transitorio”.

“Y en particular, en los últimos 4 años se observó que, pese a las dificultades que enfrentó la economía para superar un largo ciclo de virtual estancamiento, la mayor parte de los empleadores, tanto del área de la producción, como de los servicios, mantuvo la nómina gracias a que pudo consensuar con sus trabajadores la estabilidad laboral a cambio de la baja de los ingresos en términos reales”. De ahí que resalta IDELAS: “Esa característica del mercado determinó que apenas poco más de 1 de cada 10 empresas registrara sólo altas o únicamente bajas de la nómina, aunque claramente en un escenario de prolongado receso las que tuvieron que achicar los puestos de trabajo superaron a las que pudieron incorporar personal, como ocurrió en 2018, tras la devaluación del peso”.

Fuente: IDELAS con datos del Ministerio de Trabajo.

Concluye IDELAS: “Si bien los gobiernos suelen instrumentar medidas de emergencia destinadas a potenciar el empleo, en particular de sectores ‘vulnerables’ asociados con claras deficiencias de clima educativo, entendido por la cantidad de horas de estudios acumuladas, pero también con carencias nutritivas que limitan la acumulación de conocimientos, pareciera que no es menor la situación generada por una legislación del trabajo y estructura tributaria que es contraria al incentivo a las empresas a incorporar personal, al menos en blanco, por el riesgo de insolvencia frente a una crisis de mercado. De ahí que una verdadera contribución al mercado de trabajo será debatir una moderna legislación laboral que no sólo proteja los derechos del trabajador a un ingreso digno, descanso semanal, cobertura social y vacaciones pagas, sino también a las empresas, en particular a las pymes y nuevos emprendedores, de modo de desalentar las contrataciones precarias, en la informalidad, y por tiempo fijo. De ese modo, se podrá dar un paso sustancial a dar sustentabilidad al sistema de jubilaciones y pensiones de reparto, porque posibilitaría revertir la desequilibrada relación entre aportantes activos y beneficiarios del sistema, con incentivos a las formalización de más de 8 millones de trabajadores”.